Economic valuation of environmental damage

Read Francisco Alpizar opinion article (Valoración económica de daños ambientales) in "La Nación" (October 9th), related to economic valuation of environmental damage (Spanish only).

El 17 de setiembre La Nación publicó un artículo que describía la incapacidad del Estado costarricense de valorar económicamente los daños asociados al deterioro ambiental y de calidad de vida causados, a manera de ejemplo, por piñeras en Siquirres. Otros ejemplos de situaciones similares incluyen el dragado de humedales, contaminación de acuíferos, tala ilegal, y destrucción de manglares y corales, entre otros. Las mismas autoridades de Gobierno califican de “vergüenza” su incapacidad para estimar el valor económico de los daños, y concluyen que “sin esa valoración, es imposible llevar a cabo un juicio administrativo para que la piñera pague por todo el daño ocasionado.”

Como experto internacional en valoración económica del medio ambiente y profesor universitario en esta materia, concuerdo plenamente en que es una vergüenza que procesos tan importantes se vean varados por algo técnica y prácticamente tan sencillo como diseñar e implementar un ejercicio de valoración económica. Lo que no es cierto, y en esto las autoridades se equivocan, es que en Costa Rica no exista esta capacidad; existe en el Cinpe de la Universidad Nacional, en la Escuela de Economía de la UCR y en el Programa de Investigación en Desarrollo Economía y Ambiente del Catie, programa que tengo el gusto de dirigir. Basta con levantar el teléfono o enviar un email. Yo personalmente he ofrecido apoyo científico en esta área a las autoridades, incluso a algunas mencionadas en el artículo de La Nación.

Valorar económicamente el daño causado por las piñeras en Siquirres requiere ciertamente de conocimiento técnico avanzado, pero es en sí mismo un estudio con pautas y guías estandarizadas internacionalmente, incluso para su uso en casos de demandas legales. El Estado puede desarrollar capacidades en este ámbito, pero no tenerlas aún es una mala excusa para la inacción.

Mientras la culpa sea del otro, 6.000 personas en tres comunidades ven su bienestar diezmado (¿En cuánto? Fácil de medir) y el AyA lleva gastados por lo menos ¢430 millones en llevar agua en cisternas, un pobre substituto para el agua del grifo. Si sumamos los costos en salud y similares, ya vamos avanzando con la valoración. ¿Le entramos?

Francisco Alpízar, director del Programa de Investigación en Desarrollo, Economía y Ambiente, Catie.

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